Con una visión orientada a fortalecer la legalidad, la senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa que pone en el centro la protección de las personas denunciantes y testigos de faltas administrativas graves.

La propuesta reconoce que el miedo a represalias ha sido uno de los principales obstáculos para denunciar actos de corrupción, por lo que busca establecer mecanismos efectivos de protección integral.

Entre sus ejes principales, se incluye la sanción de conductas como amenazas, hostigamiento y despidos injustificados, con el fin de garantizar que denunciar no represente un riesgo.

Con esta acción, la legisladora impulsa un entorno donde la denuncia sea un derecho ejercido con seguridad y respaldo institucional.